Cuando la DGT ejecute la sentencia, las autoescuelas solo necesitarán una autorización administrativa para ser Centros de Sensibilización y Reeducación Vial

 

La Audiencia Nacional, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, daba una resolución estimatoria al recurso número 0000193/2015 el 28 de noviembre de 2018. El recurso contencioso-administrativo lo interpuso la Asociación Unión para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas el 27 de marzo de 2015 contra el anuncio de licitación “Concesión de gestión de cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de crédito de permisos de conducción. 5 lotes”, alegando, entre otros motivos, la incompatibilidad del marco legal habilitante de la licitación con la Constitución, la incompatibilidad con “el Derecho Comunitario del sistema actual de CSRV” y que la Dirección General de Tráfico había optado injustificadamente por la opción de gestión de servicio público restrictivamente.

 

“Nada se justifica en la convocatoria que haga que el sistema de concesión sea el único que permita a la Administración la consecución de los fines educativos perseguidos por los cursos”

Sentencia de la Audiencia Nacional

 

En el escrito de demanda, la Asociación Unión para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas mencionó, entre los antecedentes relevantes para sustentar el recurso, los informes emitidos por la Comisión Nacional de Competencia (CNC), actualmente Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y de los órganos autonómicos equivalentes de las comunidades autónomas andaluza y catalana.

La asociación demandante considera que la licitación es incompatible con el marco constitucional, que el procedimiento seguido es contrario al Derecho de la unión, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 26.2, 46 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 2008/C 115/01, y que la licitación impugnada contraviene la Ley 20/2013 de garantía de unidad de Marco, ya que el sistema de concesión supone una restricción del número de operadores que pueden intervenir a través de una simple autorización, no respeta los principios de necesidad y proporcionalidad y se trata de una restricción no justificada ni en el orden público, ni en la seguridad pública, ni en la salud pública ni en la protección del medio ambiente.

El Ministerio Fiscal compareció, en defensa de consumidores y usuarios, tras considerar que el régimen de concesión por el que se opta en la licitación resulta contrario a las normas de libre competencia y a la libertad de establecimiento.

“El acuerdo de licitación publicado por la Orden del Ministerio del Interior INT/2596/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción, debe ser anulado”

Sentencia de la Audiencia Nacional

 

La Audiencia afirma en la sentencia que nada se justifica en la convocatoria que haga que el sistema de concesiónsea el único que permita a la Administración la consecución de los fines educativos perseguidos por los cursos. Existen otras fórmulas que permiten y garantizan tanto una mayor concurrencia como la consecución de los fines en general. Continúa diciendo que la finalidad reeducadora y de sensibilización resulta indiscutible, como indicaba la exposición de la Ley 17/2005. Aunque es cierto que las infracciones más graves con pérdida total de puntos conllevan que sea obligatoria la realización de los cursos, la recuperación de la licencia está supeditada a la superación de una prueba realizada por la Dirección General de Tráfico, nada nuevo o diferente a cuando se obtiene el carnet por primera vez, donde solo se precisa la autorización administrativa de los centros que imparten la enseñanza y no una concesión administrativa, de ahí que resulte contradictorio que sí se necesite la concesión para impartir los cursos y no para impartir la enseñanza necesaria para obtener, por primera vez, el carnet de conducir.

Por lo tanto, la Audiencia Nacional, en base a lo expuesto, ha estimado el recurso por considerar que el régimen concesional para la gestión del servicio resulta incompatible con el Derecho de la Unión, sin resultar necesario para ello plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y afirma que el acuerdo de licitación publicado por la Orden del Ministerio del Interior INT/2596/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción, debe ser anulado al resultar el régimen de concesión administrativa para la gestión de los cursos contrario al Derecho de la Unión.

Gracias a esta resolución, las autoescuelas, que en los últimos años han vivido una situación compleja debido a la crisis y a las huelgas de examinadores, podrán desarrollar una nueva actividad como es la impartición de los cursos de reeducación y sensibilización vial.

La resolución también favorece al interés de las Asociaciones Provinciales de Autoescuelas, ya que la mayoría de las autoescuelas asociadas podrán impartir dicha formación. En los últimos años ha sido un conflicto para ellos, ya que solo un reducido número de sus asociados han podido desarrollar esta labor.

Uno de los casos más significativos se puede ver en la Comunidad de Madrid. La Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid (APAMAD), representada por don Ricardo Cano, que es también vicepresidente de CNAE, representa a 847 autoescuelas. En la comunidad autónoma, 31 centros se encargan de impartir los cursos de sensibilización y reeducación vial, y de esos 31 centros, más de 10 ni siquiera pertenecen a dicha comunidad autónoma. Ahora, tanto el presidente de APAMAD como el resto de presidentes de Asociaciones Provinciales, deben defender los derechos de todos sus asociados sin ninguna excepción, aprovechando la resolución de la Audiencia Nacional.