Facturas publicadas en el artículo del diario «El Confidencial» de los cursos de recuperación de puntos. La de la izquierda es de un conductor particular y la de la derecha, de un conductor profesional.

El director general asume la recurrencia estando el Ministerio del Interior como co-demandado

Después de que la Audiencia Nacional fallara a favor de las autoescuelas en la sentencia de las concesiones de Centro de Reeducación y Sensibilización Vial, el actual presidente de la Dirección General de Tráfico Pere Navarro ha anunciado hoy, en unas declaraciones al Diario Siglo XXI, que la Administración va a recurrir la sentencia por medio de la Abogacía del Estado.

El director asegura, en las declaraciones al ya citado medio, que “el permiso por puntos lleva 12 años funcionando bien” y que las evaluaciones de la DGT indican que “la gente está satisfecha”, a pesar de que dichas evaluaciones, al parecer, solo las tiene la propia Administración y no están a disposición del ciudadano.

También dice que la concesión a la CNAE, que agrupa a cerca de 9000 autoescuelas (algo incorrecto, ya que solo hay 5600 empresas y 8600 secciones), garantiza que cualquier ciudadano tenga un centro donde recuperar puntos a menos de 30 kilómetros de su casa. Pero, por ejemplo, en la provincia de Almería, los ciudadanos de Abla, Abrucena, Antas, Bacares, Balanegra, Bayárcal, Bédar, Beires, Canjáyar, Carboneras (municipio de 7900 habitantes), Castro de Filabres, Chirivel, Códbar, Fiñana, Garrucha (con más de 8600 habitantes), Los Gallardos, Lubrín, Macael (con más de 5500), María, Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro, Padules, Paterna del Río, Rágol, Turre, Ulella del Campo, Velefique, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio tienen el Centro de Recuperación de Puntos más cercano a más de 30 kilómetros, siendo superior la distancia, en algunos casos, a 80 kilómetros. Los habitantes de Mojácar, población de Almería de más de 6500 habitantes, tienen el centro de recuperación más cercano a más de 54 kilómetros, por lo tanto, la actual concesión del concurso público no garantiza que cualquier ciudadano tenga un centro donde recuperar puntos a menos de 30 kilómetros de su casa.

“Nos obligan a arreglar lo que funciona en lugar de dedicarnos a arreglar lo que no funciona”, indica el director, pero, ¿de verdad funciona? Porque esta sentencia de la Audiencia Nacional no es el primer documento judicial que menciona el nombre de la Dirección General de Tráfico y de la Confederación Nacional de Autoescuelas de España.

El director asegura que la concesión a la CNAE garantiza que cualquier ciudadano tenga un centro donde recuperar puntos a menos de 30 kilómetros de su casa, pero los más de 6500 habitantes de Mojácar (Almería), por ejemplo, lo tienen a más de 54 kilómetros

En el año 2016, tal y como recoge el periódico El Confidencial, la empresa “Transportave”, de transporte profesional, denunciaba a la DGT y a CNAE por un posible fraude en la facturación de los cursos de reeducación y sensibilización vial por irregularidades en los pagos. Según la información aportada por el medio de comunicación, la CNAE cobraba desde el año 2006 tarifas infladas a los conductores profesionales en sus cursos de recuperación de puntos, es decir, desde que es adjudicataria del concurso público. «Casi 110 mil (de los conductores que realizaron los cursos) fueron conductores profesionales, entre camioneros o taxistas, a quienes se les sobrefacturó por cada curso cantidades que oscilan entre los 13 y los 69 euros en la Península (salvo en Cataluña) y en las Islas Baleares, y entre cuatro y 25 euros en las Islas Canarias. Las cuantías de más coinciden con las cobradas a los conductores particulares por el IVA. Los profesionales del transporte están exentos de abonar ese impuesto por ley», escribe El Confidencial.

Según una estimación realizada por el propio diario tras analizar una base de datos de la DGT, de tener acceso a más de un centenar de facturas y de consultar con diversas fuentes, la CNAE habría sobrefacturado entre 4’5 y 4’8 millones de euros a conductores profesionales por esos cursos. A mediados de 2016, el en aquel momento presidente de la CNAE José Miguel Báez explicó en un correo de tres puntos por qué no había ningún tipo de irregularidad en la facturación, pero las explicaciones eran contradictorias, ya que alegaba que las tarifas del concurso público tienen el IVA incluido, que los conductores profesionales están exentos de pagar dicho impuesto, pero que “el precio final (con el IVA incluido) abonado por los alumnos debe ser necesariamente el mismo con independencia de que el curso lleve o no IVA”.

A pesar de tener un plazo de tres meses para responder al escrito de Transportave (del 25 de agosto de 2016), la DGT no respondió hasta el 30 de mayo de 2017 en un documento firmado por la Subdirectora Adjunta de Formación Vial María José Aparicio Sanchiz, donde asegura que “este centro directivo da curso a la denuncia prestada, y tras realizar los actos preparatorios previos, se va a iniciar el procedimiento correspondiente”. Actualmente, la DGT sigue sin comunicar nada al respecto.

«Nos obligan a arreglar lo que funciona en lugar de dedicarnos a arreglar lo que no funciona», pero, ¿de verdad funciona?

Así que, ¿de verdad obliga la Audiencia Nacional a la Dirección General de Tráfico a arreglar lo que funciona? Si el director quiere arreglar lo que no funciona, ¿por qué no dice a los ciudadanos si es verdad que la Confederación Nacional de Autoescuelas de España lleva años inflando las tarifas a los conductores profesionales, cuando como adjudicataria tiene la responsabilidad de asegurarse de que la CNAE está cumpliendo con los requisitos del concurso público?